Santo Domingo, RD. – El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este domingo prisión preventiva por 18 meses a ocho de los 26 imputados en el caso denominado SeNaSa 2.0, mientras que el proceso judicial fue declarado complejo.
La decisión fue adoptada luego de varios días de audiencia en la que el Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del expediente.
De acuerdo con la resolución, cuatro de los imputados que deberán cumplir prisión preventiva serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, mientras que las cuatro mujeres sometidas a esta medida serán enviadas al CCR Najayo Mujeres.
¿Quiénes fueron enviados a Las Parras?
Los cuatro hombres que cumplirán 18 meses de prisión preventiva en Las Parras son:
- Angeury Guzmán Vásquez
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
- Juan Henry Poueriet
- Wander Manuel Díaz Encarnación
En tanto, las cuatro mujeres que cumplirán la medida en Najayo Mujeres son:
- Isabel Heredia Vallejo
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
- Laura Altagracia Santana Evangelista.
Otras medidas de coerción
El tribunal también impuso arresto domiciliario a nueve imputados. Entre ellos figuran Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Asimismo, otros procesados recibieron garantías económicas, impedimento de salida del país, arresto domiciliario o presentación periódica, de acuerdo con las medidas establecidas individualmente por el tribunal.
Investigación por presunto fraude contra SeNaSa
El caso SeNaSa 2.0, también relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, forma parte de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según la acusación presentada por el órgano persecutor, el supuesto esquema habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$40 millones mediante operaciones relacionadas con servicios de salud que habrían sido facturados y cobrados a SeNaSa.
Las autoridades han señalado, además, presuntas maniobras relacionadas con expedientes médicos y facturación de servicios que, de acuerdo con la investigación, no habrían sido realizados. El expediente involucra a personas vinculadas al sector salud y a SeNaSa.
El proceso continúa
Con la imposición de las medidas de coerción, el proceso judicial entra en una nueva etapa. La declaratoria de complejidad permitirá que la investigación continúe bajo el procedimiento correspondiente a este tipo de expedientes.
El Ministerio Público ha indicado que la investigación no concluye con esta decisión judicial y que las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades en SeNaSa continúan.
Es importante señalar que las medidas de coerción no constituyen una condena. Los 26 imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.
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