Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio Público inició la presentación de pruebas en el juicio seguido contra cuatro personas acusadas de participar en un presunto esquema de captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión, que habría afectado a 113 víctimas por un monto de US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00.
Los imputados fueron identificados como Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, quienes son vinculados por el órgano acusador con el uso de la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., así como de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), para captar recursos económicos de particulares.
De acuerdo con la acusación, el supuesto mecanismo habría consistido en atraer a personas interesadas en invertir su dinero bajo determinadas promesas de rentabilidad, en circunstancias que actualmente son objeto de evaluación por parte de los tribunales.
Un caso con más de 113 presuntas víctimas
Las cantidades señaladas en el proceso ascienden a casi 2.5 millones de dólares estadounidenses y más de siete millones de pesos dominicanos, cifras que reflejan la dimensión económica del caso presentado por el Ministerio Público.
Con el inicio de la presentación de pruebas, el órgano acusador busca sustentar ante el tribunal los hechos atribuidos a los procesados y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder, conforme a los elementos probatorios admitidos en el proceso.
El proceso continúa en los tribunales
El juicio constituye una etapa en la que las partes presentan y examinan las pruebas relacionadas con las imputaciones. Corresponderá al tribunal valorar los elementos aportados y determinar si estos permiten establecer la responsabilidad penal de los acusados.
Los cuatro imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva determine lo contrario.
El desarrollo del proceso será determinante para esclarecer las circunstancias en que presuntamente se captaron los recursos económicos, el papel atribuido a las entidades mencionadas y el alcance de los perjuicios denunciados por las personas afectadas.
