Santo Domingo.– Más de RD$1,100 millones sin respaldo documental, cuentas bancarias ocultas y pagos irregulares a empleados no calificados: esas son apenas algunas de las alarmantes irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha aprobado una auditoría a los estados financieros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) del período 2017-2019, que revela una serie de irregularidades significativas y compromete la responsabilidad de exfuncionarios.
El informe, que expresa una Opinión Adversa, fue aprobado el 14 de agosto de 2025 mediante la Resolución n.º AUD-2025-022.
Hallazgos clave de la auditoría
Según el documento, la auditoría encontró hallazgos preocupantes que impactan la transparencia y la fiabilidad de la gestión pública en la institución. Entre los principales se destacan:
Registros sin soporte: Un total de RD$475,234,766 en registros contables de patrimonio y activos fijos carecían de la documentación de soporte obligatoria.
Irregularidades financieras: El informe detalla inconsistencias en las nóminas y estados financieros que no pudieron ser conciliados, así como la existencia de cuentas bancarias no registradas en la contabilidad oficial.
Anomalías en pagos: Se identificaron diferencias en el cálculo del impuesto sobre la renta y pagos de sueldo 13 a personal que no cumplía con los requisitos de antigüedad.
Implicados y acciones legales
La resolución de la Cámara de Cuentas no solo señala las irregularidades, sino que también ordena notificar a las personas y entidades implicadas.
El informe legal de la auditoría encontró "indicios" de que los exministros Ing. Ángel Francisco Estévez Bourdierd y Lic. Tadeo Francisco Domínguez Brito:
La Cámara de Cuentas ha dispuesto que se notifique de manera formal al MIMARENA, así como a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que procedan con las acciones legales correspondientes.
La aprobación de la auditoría se demoró desde el 2018, debido a la necesidad de reiterar las notificaciones a los implicados para que presentaran sus observaciones. Sin embargo, según la resolución, estos no ejercieron su derecho a réplica, lo que llevó a la aprobación definitiva del informe.
