Ciudad de México.- El alcalde de la localidad de San Miguel Yogovana, en el estado mexicano de Oaxaca (sur), fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo mientras realizaba labores de vigilancia a las afueras de un domicilio, según informó este lunes el Ministerio Público estatal en un comunicado.
De acuerdo con el relato de las autoridades, el edil, identificado como Eduardo S., sufrió un ataque con arma de fuego a manos de unos individuos, quienes ya han sido identificados y están siendo buscados por las fuerzas de seguridad de Oaxaca.
Según medios locales, el fallecido tenía 65 años y era un destacado líder comunitario de la localidad de San Miguel Yogovana, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca.
Ataque durante labores de vigilancia
La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio. Al solicitar el apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y atacaron a la víctima con armas de fuego, quien perdió la vida en el lugar», explicó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Peritos del departamento lograron identificar el inmueble y confirmar que las motocicletas en cuestión pertenecen a los sospechosos del ataque mortal, quienes están en busca y captura.
Oaxaca, foco de asesinatos políticos
Oaxaca es uno de los estados que concentra un mayor número de asesinatos de funcionarios públicos. Hace un mes, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, falleció en un ataque armado en su domicilio.
El político, de 53 años, gobernaba el municipio bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y había participado en las elecciones de 2024 como candidato de la coalición integrada por PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).
El asesinato a funcionarios públicos en México es un delito que persiste en el país. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.
