Santo Domingo.– La sociedad comercial GB Group, S.A.S. depositó en la mañana de hoy una segunda querella con constitución en actor civil en contra del señor Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez (alias "El Detective"), acusándolo de reiteración de la conducta delictiva de difamación e injuria tras una nueva oleada de ataques difamatorios perpetrados mientras se encontraba en un proceso de negociación judicial.
¿Qué motivó la segunda querella contra Ángel Martínez?
La segunda querella calificó la conducta de Martínez como un acto de temeridad manifiesta y mala fe procesal.
¿Cómo ha sido la conducta de Ángel Martínez durante el proceso judicial?
Según consta en la instancia depositada, el imputado asistió a vistas de conciliación los pasados 16 de octubre y 6 de noviembre, simulando una intención de acuerdo.
Sin embargo, utilizó ese tiempo para intensificar su campaña de descrédito, llegando a afirmar falsamente que los querellantes buscan su eliminación física: "quieren mi cuerpo o en una cárcel o muerto" y que tendrían que sacarlo del país en "pedacitos".
Esta conducta de reincidencia y reiteración delictiva agrava su situación procesal y eleva el riesgo de que el Ministerio Público solicite medidas de coerción consistentes en prisión preventiva para evitar la continuación del delito. De acogerse esta solicitud, Ángel Martínez podría pasar las festividades navideñas detenido.
La temeridad del imputado no es nueva. Se recuerda que su anterior representante legal, el abogado Carlos Mesa, renunció a su defensa precisamente por la imposibilidad de controlar las declaraciones públicas de su cliente, quien insiste en litigar en los medios lo que no puede sustentar en los tribunales.
Martínez continúa desafiando el ordenamiento jurídico dominicano, utilizando canales como YouTube y Facebook para proferir insultos ("sinvergüenza", "terrorista") y mentiras que atentan contra la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
A diferencia del primer proceso, la reiteración de la conducta delictiva en medio de un proceso abierto permite a las autoridades judiciales imponer medidas más severas para garantizar que el imputado cese en la comisión de los ilícitos, lo que coloca a Martínez a las puertas de una inminente privación de libertad.
