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Siempre Por La Verdad

Demandan a Wanda Vázquez por promover sus creencias religiosas

24 de mayo de 2020

La objeción del grupo de ciudadanos se basa en el uso de los programas especiales que se transmiten mediante WIPR para actualizar la crisis de coronavirus por parte del ‘Task Force’ médico.

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La gobernadora Wanda Vázquez Garced fue demandada por siete individuos tras «promover visiones religiosas particulares como parte de sus actividades oficiales» como primera ejecutiva haciendo uso de fondos e instalaciones del Gobierno de Puerto Rico.

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El documento legal, radicado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan incluye como codemandado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y exige una orden de cese y desista para que se frene la alegada práctica.

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La objeción del grupo de ciudadanos se basa en los programas especiales que se transmiten mediante WIPR para actualizar la crisis de coronavirus por parte del ‘Task Force’ médico.

¿Qué reclaman?

Los demandantes, recalcan que «en más de una ocasión», se ha despedido el programa «con una cita bíblica».

El grupo de demandantes está constituido por practicantes del cristianismo, del islam, ateos y espiritistas laicos pertenecientes a la Escuela Espírita Allan Kardec, según publicó El Nuevo Día.

Además, la demanda sostiene que el director del ‘Task Force’ médico, Segundo Rodríguez, mencionó en el programa del 7 de abril que vieran el toque de queda, que impide la salida de ciudadanos a excepción de quienes trabajan en servicios esenciales», como «un sacrificio de cuaresma».

«El artículo segundo de la ley que crea WIPR dice que sus facilidades deberán usarse para ‘educativos, culturales y de servicio al pueblo en general y no para propósitos particulares ni propaganda político-partidista o sectaria'», objetan los demandantes.

La demanda también estipula las transmisiones de las misas llevadas a cabo por el Papa Francisco, los días 9,10,11 y 12 de abril.

Los demandantes piden, además:

  • Una orden exigiendo cumplir con la separación de Iglesia y Estado.
  • Una sentencia declaratoria que resuelva que las actuaciones alegadas violan las disposiciones constitucionales.
  • Imponga a la parte demandada el pago de honorarios de abogados de la parte demandante

@gmpromocionesrd

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